Profesionales en crisis, pacientes en riesgo: el Gobierno frenó los fondos en discapacidad

Tres días de acampe en Plaza de Mayo para visibilizar un conflicto permanente: la desidia estatal frente a las personas con discapacidad (PcD) hoy se traduce en una rotunda retención de fondos a lxs profesionales (psicomotricistas, transportistas, psicopedagogos, acompañantes terapeuticxs, maestrxs integradores y terapistas ocupacionales, entre otrxs) que, como consecuencia se ven obligadxs a reducir o suspender sus acompañamientos para las personas que lo necesitan.

Además, ante las versiones que circulan de la implementación de un DNU que incluiría recortes por 10 mil millones de pesos en ese sector de salud y la alarmante situación que de por sí atraviesa el sector, el lunes 29 de agosto familiares y referentes del Colectivo de Discapacidad montaron una carpa y acampe frente a las puertas de la Casa Rosada, y en otras ciudades del país, bajo la consigna “No al DNU, no al ajuste en discapacidad».

Este miércoles, la manifestación incluyó una concurrida marcha a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a la AFIP y al Ministerio de Economía, para luego retornar frente a la Casa Rosada y finalizar el acampe a las 17.

En ese sentido, emitieron un comunicado en el que sostienen que «en esta convocatoria confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace 3 años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro Colectivo».

Y ahí viene el cruce de responsabilidades, lo que se dice «tirar la pelota afuera»: mientras las obras sociales adjudican la responsabilidad a Nación por no girar los fondos, desde el propio Gobierno salen a desmentir y aseguran que todo está bajo control.

Ayer, el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa se desligó de toda responsabilidad a través de su perfil de Twitter: «Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas«.

En el mismo hilo, se atajó: «Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso».

Por su parte, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ente cuya transparencia es cuestionada por familiares de PcD y prestadores, aseguró que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional».

¿Cómo funciona el circuito de pagos?

Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién se lava las manos o quién metió mano? La rueda de pagos gira de la siguiente manera: la AFIP gira fondos para las prestaciones por discapacidad a la SSS, que a su vez los destina a las obras sociales, que luego les pagan a lxs prestadores y centros de integración escolar.

Lo que sucede es que desde el 16 de agosto la AFIP frenó ese circuito, que ya venía lento para el bolsillo de lxs prestadores, y desde la Superintendencia sólo se limitaron a emitir un escueto comunicado en el que aseguran que el desembolso se hará en la primera quincena de septiembre.

En ese sentido, Emilia Marco, licenciada en Psicología, trabajadora en el área de discapacidad y niñxs con autismo en centros terapéuticos, amplió: «La situación que estamos viviendo, de desconcierto total, si bien es una situación que nosotrxs estamos tristemente acostumbradxs a vivirla (esto de recibir nuestros honorarios con meses de demora) ya es algo que damos por hecho, porque en las obras sociales primero se elabora un acta, te aprueban ese acta que demora entre un mes y un mes y medio, luego se ingresa la factura y de ahí 90 días en el pago. Esto es cuando sucede todo bárbaro y festejamos como si nos pagaran a término. El prestador, quien brinda el servicio, percibe sus honorarios entre tres, cuatro y cinco meses después».

«Lo que sucede ahora -añadió- es que la SSS nos envía un comunicado donde nos dicen que la recaudación de los próximos fondos para los próximos pagos no está confirmada, es decir, no está garantizada. Entonces, a la situación que nosotrxs arrastramos hace años se le suma esa incertidumbre. Y por otra parte no menor, está lo que están viviendo las personas con alguna discapacidad y las familias. Que se esté vapuleando un derecho elemental, básico, de tener garantizada la salud de esa persona, que se toquen esos fondos, que se toque el presupuesto destinado, ya habla de que obviamente las cosas están muy mal. Por otro lado, el acampe y la manifestación tienen que ver con el posible decreto firmado por Massa, que es que el Estado pasa a ser el regulador, el auditor de las obras sociales. Lo preocupante de la situación de profesionales y familias de PcD es sumamente angustiante y alarmante».

Por su parte, Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires y referente del Colectivo de Discapacidad dejó las cosas claras: «Nosotros tenemos un problema. Cuando hablamos de ajuste, es que en 2020 no hubo aumento, entonces si vos no tenés aumento en un año, eso se llama ajuste. Después, el recorte viene porque cuando dejas de dar la prestación empezas a recortar, porque al no poder dar el servicio empezas a recortar el sistema. También tenemos problemas en los pagos, que hay deudas de obras sociales de enero, febrero, marzo y ahora directamente se cortó la cadena de pago desde la Superintendencia. Ese es uno de los temas que tenemos en lo inmediato. Si el valor nomenclador no aumenta, la prestación sigue degradándose y cada vez menos prestadores dan servicios, todo eso después lo ve reflejado el papá, la mamá».

En el marco del acampe, uno de lxs manifestantes, Alan Parma, contó cómo le afectan en carne propia los desbarajustes estatales y la burocracia continua: «Yo tengo que hacer mis tratamientos y a los profesionales hoy en día no les están abonando su mensualidad, entonces yo pierdo los tratamientos».

Asimismo, Alan -cuya hermana es Terapista Ocupacional- detalló: «Hay ajustes en las obras sociales porque la medicación no me la cubren al 100%, así que con todo el derecho que tengo (un Certificado Único de Discapacidad que garantiza la cobertura total de medicación y tratamiento), siempre tengo que contratar abogados o hacer una carta de amparo por el tema de que no me cubren la medicación y tratamientos. Así que hoy seguimos y estamos acá en Plaza de Mayo, visibilizando la emergencia en discpacidad, donde necesitamos que las autoridades hagan algo para tener todo al 100% cubierto».

Mientras tanto, integrantes del Colectivo de Discapacidad dejaron en claro sus reclamos al Presidente Alberto Fernández para que agarre la lapicera y -por lo menos- tome nota: 

– Que las pensiones no contributivas estén acordes a la inflación: Si bien pasaron de 16 mil a 23 mil pesos, este monto no cubre el sustento mínimo y menos aún medicamentos imprescindibles para esta población que no son cubiertos por el programa Incluir Salud. Lo que conlleva a un posterior reclamo vía recurso de amparo ya que el programa Incluir Salud no es una obra social de asistencia médica integral.

– Que se transparente la coparticipación federal de recursos en discapacidad ya que las provincias, ni las obras sociales provinciales no reconocen contar con dinero suficiente para afrontar este gasto, es por eso que se producen recortes.

– Que se adecúe el valor nomenclador de las obras sociales provinciales al nivel federal. Ya que hoy los montos de las provincias están por debajo del arancel nacional, a pesar de la coparticipación porcentual.  A nivel valor nomenclador, pedimos una verdadera actualización, valor atrasado al 2019. Recordamos que en 2020 no hubo aumento y ya en 2021 los aumentos paralelos por inflación no permitieron su actualización ni su acumulación. Esta gestión de la ANDIS no mostró un análisis de costos, no hubo reunión entre partes, no fue participativo, sino que se sustentó el financiamiento a las prestaciones en base a presupuesto y no a costos. Detrás de esos supuestos costos hay seres humanos.

– Que los pagos a los prestadores sean a mes vencido. Hay obras sociales que no pagan desde marzo, que con la inflación imperante genera problemas económicos y financieros en la prestación.