Los que creen que la amnesia es un derecho constitucional

El problema para algunos empresarios es no saber lo que dice la Constitución. O peor aún, el problema es directamente no querer cumplirla.

Quedó demostrado años atrás, cuando el entonces titular de la UIA, Héctor Méndez, mandó a vivir a Cuba a Héctor Recalde ¿Cuál fue la afrenta revolucionaria del diputado kirchnerista? Haber presentado un proyecto de ley para que de una vez por todas las empresas participen al trabajador en el reparto de las ganancias.

Se trata de una obligación contemplada en el artículo 14 bis de la Carta Magna -la argentina, no la cubana-, que las compañías incumplen sin ningún remordimiento.

La ley de leyes es taxativa respecto al derecho que tienen los trabajadores  «en la participación en la ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección».

La propuesta de Recalde sólo busca reafirmar una cláusula constitucional que inexplicablemente sigue estando atada a la voluntad de las empresas. No se trata entonces de un proyecto que consagra una arbitrariedad sino que, contrariamente, pone fin a la misma.

En estos últimos días el legislador y ex asesor de la CGT volvió a ser objetivo del embate empresarial, aunque por otro proyecto de ley, el que crea una comisión bicameral para identificar las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar.

El actual titular de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, dijo que la iniciativa es «inconstitucional» ya que le otorgaría a ese cuerpo en ciernes atribuciones del Poder Judicial.

Es curioso que el empresario vea en una comisión investigadora facultades judiciales cuando en rigor, como lo dice su nombre, su tarea es sencillamente la recopilación de datos.

El proyecto es inequívoco: instruye a los miembros de la comisión bicameral a confeccionar un informe, recordándoles la obligación -que ya tienen en su carácter de funcionarios públicos- de denunciar a la justicia todo aquello que constituya delito.

En consecuencia, será la justicia federal la que a la postre determinará las responsabilidades, lo que echa por tierra el argumento de la iniciativa afecta la división de poderes.

La propuesta de Recalde para estudiar el comportamiento de los grupos económicos entre 1976 y 1983, es decir, cuando no regía la Constitución, encuentra ahora, en plena democracia, reparos que poco y nada tienen que ver, precisamente, con la plena vigencia de la Constitución.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), por ejemplo, no alude a ningún artículo de la Carta Magna. Directamente rechaza el trabajo de la comisión al entenderlo como  «inoportuno y estigmatizante» ¿Desde cuándo colaborar en la búsqueda de la verdad es inoportuno y estigmatizante?

Peor aún, la asociación que enrola a los empresas que más facturan en el país, sostiene que la improcedencia radica en que la investigación atenta contra «la concordia de los argentinos». La frase exuda aquel tufillo de «pacificación» con el que Carlos Menem justificó los indultos.

El argumento de la AEA se cae como un castillo de naipes con solo recordar que el proyecto que ahora deben tratar los senadores no tuvo ni un voto en contra en la Cámara baja ¿Cuál sería el factor de discordia si ningún diputado, sea de centro, de derecha o de izquierda, se opuso en el recinto?

La pelea de los empresarios no es con el Congreso sino con la realidad.  Ya existen directivos comprometidos con la Justicia por el rol que desempeñaron durante la última dictadura militar. Pueden dar cuenta de ello en Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Molinos, Bunge y Born y Papel Prensa, por citar sólo algunas compañías.

Al fin y al cabo, no es la primera vez que los grupos económicos hacen gala de una defensa corporativa. Eso sí, a más de treinta años de la reinstauración de la democracia, ya deberían saber que la amnesia no es un derecho constitucional