agosto 14, 2019
Levantaron una «casilla rosada» frente a la Casa de Gobierno
Es para alertar de que hay 3,8 millones de hogares precarios Sigue leyendo
La Casilla Rosada fue emplazada sobre el Paseo del Bajo, frente a la Casa de Gobierno
Como si se tratara de un espejo que devuelve la imagen de la realidad, la casilla rosadaque una organización no gubernamental instaló en la mañana de este miércoles frente a la Casa Rosada cumplió con la intención de alertar sobre la crisis habitacional que atraviesa el país desde hace años y que se traduce en cifras alarmantes: hay 3.800.000 familias que necesitan una nueva casa o la que ocupan precisa refacciones para alcanzar el umbral de vivienda digna.
La organización social TECHO, que combate la pobreza en asentamientos a través de la acción conjunta de sus habitantes y voluntarios, intervino con esta alegoría en pleno Bajo porteño para «presentarles a los candidatos a presidente» propuestas que buscan mejorar la situación de los 4.416 barrios populares, donde viven aproximadamente 4 millones de personas.
«La Casilla Rosada simboliza el refugio de miles de familias en los barrios populares del país que no tienen elección. No eligen vivir sin acceso a servicios básicos como la conexión formal de luz y agua potable, con hacinamiento, cerca de un basural o sufriendo inundaciones cada vez que llueve», señaló Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHOen Argentina.
Según el trabajo de campo de la organización, resulta urgente abordar la emergencia habitacional. El sector más vulnerable dentro de los barrios populares vive en ranchos precarios con piso de tierra, paredes de cartón, lona o chapas.
Araceli Ledesma vive en el Barrio Lagomarsino, de Pilar, que se formó hace ya 40 años y donde ya no hay lugar. Los más jóvenes se están yendo al Barrio Agustoni, donde está habiendo tomas. «Los que se fueron porque podían alquilar ahora vuelven. Y las familias viven amontonadas. Entonces donde hay suelo vacío van y ponen sus chapas», comentó la mujer.
«En una situación económica mejor se compraban los ladrillos. Ahora no, levantan con lo que tienen. Pero en cualquiera de los casos la tierra nunca es de ellos, no hay una política de Estado de lotes accesibles. Hay que regular el mercado del suelo porque excluye», agregó Gregorini.
«No hay bancos de tierras, no se puede elegir un pedacito de terreno. La gente vive en calles sin nombre, sin escrituraciones, entonces no acceden a los servicios, no hay cloacas», detalló Ledesma.
TECHO también reclama la implementación de la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares, que se aprobó entre julio y octubre de 2018 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso y que declaró de «utilidad pública y sujeto de expropiación» a los barrios registrados para su regularización, y la realización de obras de infraestructura que permitan acceso a los servicios básicos.
Pero, casi un año después de sancionada, la ley nunca se reglamentó ni cuenta con presupuesto asignado. «Queremos incidir en la agenda de propuestas y que los candidatos se comprometan a trabajar por quienes viven en los asentamientos, que tienen en promedio 30 años de antigüedad y no pueden seguir esperando», comentó Gabriela Arrastúa,directora del Centro de Investigación Social de TECHO.
TECHO estima que 930.000 familias argentinas viven en condiciones de extrema vulnerabilidad (pisos de tierra, paredes de nylon o cartón, techos que se llueven) y por su condición socioeconómica no tienen los medios para acceder a una vivienda adecuada.
Estas familias están distribuidas en todo el país. La provincia de Buenos Aires es el territorio que más barrios populares tiene: 1.726, donde viven casi medio millón de personas. Le siguen Santa Fe (341 barrios y 72.602 habitantes), Misiones (268 y 41.981) y Chaco (263 y 32.570).
Sin embargo, la Capital Federal es el distrito que, detrás de la provincia de Buenos Aires, tiene más habitantes en sus 57 barrios populares: 73.673 personas, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), confeccionado por la Mesa Nacional, que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cáritas Argentina, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y TECHO.
El total de estos asentamientos ocupa una superficie de 442 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las estadísticas son contundentes: el 94% de estos barrios no cuenta con acceso al agua, el 98,4% no accede a la red formal de gas y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.
Nueve de cada 10 casas tienen garrafa para cocinar y el 7% todavía usa para esto leña o carbón, como hace 200 años. La leña o el carbón se utiliza todavía más para calentar los hogares, con los riesgos de incendio que esto conlleva. Además, casi la mitad de los barrios están lejos del hospital público más cercano, a más de cinco kilómetros en promedio. Y el 70% de estos barrios no tienen veredas ni desagüe pluvial, por lo que el 62% de estos se inunda cada vez que llueve.
En las villas y asentamientos, los más afectados son los niños, que representan el 56% de la población. Las madres de estos chicos y chicas son las principales reproductoras de la vida social en estos barrios populares: en el 65% de los casos las mujeres son responsables del hogar.
El total de estos asentamientos ocupa una superficie de 442 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las estadísticas son contundentes: el 94% de estos barrios no cuenta con acceso al agua, el 98,4% no accede a la red formal de gas y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal
Y también son ellas las más afectadas por las políticas de exclusión. Según la Mesa Nacional de Barrios Populares, apenas el 30% de las mujeres percibe remuneración por su trabajo, contra el 79% de los hombres.
Con la «casilla rosada», que emula la vivienda precaria en la que viven millones de argentinos pintada con la tonalidad cromática de las paredes que ahora recubren las oficinas del presidente Mauricio Macri y su equipo, las organizaciones sociales que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares buscan que quien conduzca del país en diciembre pueda implementar un «plan estratégico».
El objetivo: cambiar precariedad por dignidad en las viviendas de 4 millones de habitantes y «trazar un plan de cuatro años para lograr la Emergencia Habitacional Cero».
«No es posible construir una sociedad más justa y desarrollada excluyendo a quienes hoy viven en asentamientos. El único camino posible para superar la realidad de pobreza y exclusión que se ve concentrada en los barrios populares es con acuerdos de largo plazo, multiactorales y multipartidarios», consideró Gregorini.
- Texto: FERNANDO SORIANO (INFOBAE.COM)
- Foto: ADRIÁN ESCANDAR
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