El gobierno afronta desde hace más de dos semanas un pulso con los maestros de todo el país, que exigen la apertura de una discusión salarial nacional que sirva de piso de las subidas en las provincias. Pero como la paritaria nacional no se abrió, los gremios iniciaron discusiones por distrito y con resultados dispares. La madre de todas las batallas la libra la provincia de Buenos Aires, donde concurren a clase el 40% de los alumnos de todo el país. La gobernadora María Eugenia Vidal ofreció a los gremios 18% de aumento, lejos del 35% que exigen los sindicatos para recuperar parte del golpe que supuso para los salarios una inflación del 40% en 2016.
Las negociaciones han impedido el inicio de las clases en toda la provincia. Vidal, con el apoyo explícito de Macri, decidió no ceder al reclamo, por considerar que oculta el interés del kirchnerismo de desestabilizar al Gobierno en un año electoral. La estrategia fue apuntar todos los ataques contra Roberto Baradel, al frente del sindicato más grande, Suteba, y declarado kirchnerista.
Macri optó ahora por utilizar la prueba Aprender como argumento velado contra los maestros. La estrategia fue un golpe certero al corazón del conflicto docente, sobre todo porque toca los fundamentos del modelo educativo que impulsa el Gobierno, basado en las evaluaciones de maestros y alumnos como evidencia del éxito o fracaso escolar. El resultado del último estudio PISA, realizado por la OCDE y única herramienta disponible para hacer comparaciones globales, mostró que mientras los países de América Latina mejoraron, Argentina se estancó. Macri decidió entonces hacer su propia evaluación en octubre sobre un millón de alumnos en 31.300 escuelas públicas y privadas de primaria y secundaria. Su intención fue “diagnosticar” al sistema educativo “y a partir de ahí avanzar”. Pero Aprender, como lo llamó el Gobierno, enfrentó la resistencia de los sindicatos de maestros y muchos padres que decidieron no mandar a sus hijos a las pruebas.
Aprender no es la primera prueba educativa que realiza Argentina. El kirchnerismo realizó evaluaciones de nivel en forma trianual, pero siempre se guardó los resultados con el argumento de que “estigmatizaban” a los alumnos y a las escuelas más pobres. Y cuando Macri llegó al poder el 10 de diciembre de 2015 prometió cambiarlo todo, incluso la educación. Siempre negó que esté en sus planes atacar la educación pública y gratuita, un valor que está en el ADN de los argentinos. Pero los sindicatos no le creen y en el fondo de la crisis actual por los salarios se encuentra esa batalla silenciosa.
La apuesta del presidente es lo que ha llamado Plan Maestro, una reforma educativa que debe discutir el Congreso. El proyecto suma horas diarias de clase (la mayoría de los colegios públicos en Argentina tienen jornada simple), promueve a los profesores bilingües, fomenta el uso de la tecnología y, sobre todo, cambia los criterios de evaluación docente. “Tenemos que animarnos a cambiar y revolucionar la capacitación docente y fomentar la evaluación permanente”, dijo Macri. La posibilidad de que su trabajo esté bajo escrutinio constante ha puesto en pie de guerra a los maestros, que ven en ello una herramienta de presión. El presidente podrá resolver la cuestión salarial con los maestros, pero sin duda le esperan nuevas batallas.
