Antes de ser elegido presidente, Javier Milei ya había dejado en claro su oposición a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se convirtió en ley durante la madrugada del 30 de diciembre de 2020 tras años de disputa en las calles, exposiciones en el Congreso por parte de referentes del área de salud, organizaciones y referentes feministas, testimonios, asambleas y cientos de movilizaciones. El mandatario había propuesto la realización de un plebiscito para quitar o sostener la práctica del aborto, que desde que se implementó salvó miles de vidas.

Parece distópico a esta altura tener que aclarar que la falta de legalidad y la penalización del aborto en Argentina ha llevado a la muerte de miles de personas gestantes.

Sin contemplar estos aspectos, el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, un oficialmente declarado (y «arrepentido») nazi, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Menem y la ex senadora Cristina Guzmán, escribieron una columna en Infobae en la que destacaron que «por medio del decreto 55/2024, el Presidente de la Nación (Javier Milei) declaró a 2024 como el Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad», como una antesala para luego reivindicar que «la experiencia mundial, más que reciente, ha demostrado que la propiedad privada y la libertad individual van unidas en influencia recíproca. Pero claro, sin el respeto por la vida humana, la propiedad y la libertad carecen de sentido«.

En la misiva, acompañada de imágenes de protestas «pro-vida», antiderechos, se oponen fervientemente a la práctica legal del aborto: «Conforme con información suministrada por las autoridades de salud, “en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610″, eufemísticamente denominada “de interrupción voluntaria del embarazo”, cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre». De personas gestantes, ni hablar.

Para cerrar, expusieron lo que probablemente responda a la línea de Milei con un plebiscito o, quizás en línea con las amenazas a gobernadores si no se aprueba la ley ómnibus, directamente apuestan por su derogación: «Tenemos, así, una fundada esperanza en que, en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610».

Acá dejamos algunas cifras oficiales para refrescar la memoria de Milei, Barra y compañía:

Antes de la sanción de la ley que penalizaba la práctica del aborto y por lo cual muchas personas gestantes debían recurrir a la clandestinidad, en Argentina, más de 3000 mujeres murieron desde 1983 por abortos clandestinos.

La clandestinidad a la que llevaría la derogación propuesta por el Gobierno actual, volvería a poner en peligro a miles de personas gestantes que deseen o necesiten abortar.

Los números de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta octubre de 2023 dan cuenta de que la ley no sólo es efectiva sino que su permanencia es necesaria.

– Desde su reglamentación, en Argentina se realizaron 245.015 abortos seguros y legales en el ámbito de salud pública.

– La línea 0800-222-3444 sobre salud sexual (gratuita) asesoró 40.563 consultas, 9 de cada 10 fueron sobre aborto.

– Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro comenzaron a producir medicamentos para garantizar las prácticas.

– En sólo un año, entre 2020 y 2021, las muertes por aborto se redujeron de 23 a 13.