Argentina vota la legalización del aborto

Argentina está hoy pendiente del Senado. Los 72 legisladores de la Cámara Alta votan si legalizan el aborto voluntario hasta la semana 14 o lo mantienen en la clandestinidad, al ser un delito penado con la cárcel excepto en el caso de violación o riesgo para la salud de la madre. Es una votación clave para Argentina y también para Latinoamérica, que tiene al país austral como un referente en la conquista de derechos sociales. La iniciativa fue aprobada en junio por la Cámara de Diputados, pero todo apunta a que, salvo sorpresas de última hora, se estrellará contra el Senado. Los legisladores sesionarán en un recinto rodeado de cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, movilizadas en las calles a favor y en contra de la ley.

Hasta el momento, 38 senadores han expresado su intención de votar en contra de la legalización del aborto, entre ellos el expresidente Carlos Menem; 31 están a favor, incluyendo a la exmandataria Cristina Fernández, aunque en ese bloque algunos piden cambios; uno sigue indefinidos, otro se abstendrá y habrá una ausencia. De confirmarse los números, la votación será negativa y el proyecto de aborto legal quedará sepultado al menos durante un año.

La iniciativa es muy similar a la de los países más desarrollados: libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y unos plazos superiores si hay riesgo para la madre, el feto o el embarazo es consecuencia de una violación. Para salvar la ley, los partidarios en el Senado aceptaron modificaciones al proyecto original y presentaron uno nuevo que reducía de 14 a 12 semanas el aborto libre e incluía la objeción institucional, pero no lograron suficiente consenso. Hoy volverán a intentar introducir los cambios durante la sesión, lo que devolvería el texto a la cámara de origen, la de los Diputados, para su tramitación definitiva.

Al margen del resultado final, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha provocado un terremoto en Argentina, el país del papa Francisco. Ha dejado de ser un tema tabú en la sociedad para aflorar como un crudo problema de salud pública: cada año casi 50.000 mujeres tienen que ser hospitalizadas en Argentina por complicaciones derivadas de abortos. En 2016, último año con cifras oficiales, 43 mujeres fallecieron por esta causa. La última, Liliana Herrera, murió hace menos de una semana. Con 22 años y madre de dos hijos, perdió la vida por una infección generalizada tras ser sometida a un aborto clandestino.

La media sanción de la Cámara de Diputados a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue celebrada en las calles de Buenos Aires por decenas de miles de mujeres con pañuelos verdes, abrazos y gritos de «aborto legal en el hospital». Pero la ajustada victoria provocó también una contraofensiva de sectores conservadores de la sociedad argentina, encabezados por la Iglesia católica, los evangélicos y altos cargos del Gobierno de Macri, entre ellos mujeres clave: la vicepresidenta, Gabriela Michetti; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y la diputada Elisa Carrió.

La Conferencia Episcopal Argentina cambió su tono moderado inicial por un llamado explícito a la movilización contra el aborto. El sábado pasado, decenas de miles de personas convocadas por las iglesias evangélicas pidieron a los senadores que rechacen la ley y «salven las dos vidas», la de la madre y la del feto. Días antes, se manifestaron también frente a la quinta presidencial de Olivos.  Michetti, quien tiene el rol de desempatar en caso de ser necesario, se ha mostrado contraria al aborto incluso en casos de violación, un supuesto contemplado en la ley desde 1921.

Desde el oficialismo han presentado también proyectos alternativos a la legalización del aborto. El más polémico fue el del titular provisional del Senado, Federico Pinedo, que contempla que las mujeres embarazadas que no deseen ser madres entren en un programa estatal que cubra todos sus gastos hasta que den a luz y entreguen al recién nacido en adopción. La propuesta fue comparada con El cuento de la criada, la distopía de Margaret Atwood donde las mujeres fértiles son obligadas a concebir hijos para otras mujeres. Atwood tomó el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura argentina (1976-1983) como una de las fuentes de inspiración para su novela y ha tenido una participación activa en el debate actual. «Fuerce partos si usted quiere, Argentina, pero por lo menos llame a lo forzado por lo que es, esclavitud», escribió la novelista canadiense en una carta abierta.

Atwood es sólo un ejemplo de la internacionalización del debate, que coincide con el auge global de las reivindicaciones feministas, pero también con el avance de gobiernos conservadores en la región. En América Latina, sólo tres países reconocen el derecho de la mujer a decidir la interrupción de un embarazo no deseado en las primeras semanas de gestación: Cuba, Guyana y Uruguay. Argentina ha sido históricamente un país a la vanguardia en ampliación de derechos, como volvió a demostrar en 2010 con la aprobación del matrimonio gay y en 2012 con la ley de identidad de género, y los sectores favorables al aborto legal han recibido un importante respaldo internacional. En ciudades como Barcelona, Berlín, Londres, Madrid, Montevideo, Nueva York y Santiago de Chile hay convocados pañuelazos para este miércoles en apoyo a la ley.

Si el Senado rechaza el proyecto, el tema no podrá volver a tratarse hasta 2019, año en el que Argentina celebra elecciones generales. En la última campaña electoral, sólo la izquierda incluyó en su programa la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. De cara a la próxima, de mantenerse el aborto como un delito, todos los candidatos deberán posicionarse.