Apoyo a EL MUNDO por su investigación: Football Leaks

El diario EL MUNDO ha recibido un contundente respaldo desde el ámbito periodístico ante la pretensión del juez de Madrid Arturo Zamarriego de prohibir la publicación de las noticias sobre el caso Football Leaks. Desde que el 2 de diciembre este periódico iniciara la difusión de las informaciones sobre escándalos de elusión fiscal relacionados con estrellas del fútbol se han sucedido comunicados de apoyo por parte de entidades como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (Fape), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación Europea de Periodistas (FEP), el Grup de Periodistes Pi i Margall o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

«Condenamos este intento de censurar una información de elevado interés general fruto del periodismo de investigación», apuntó Malén Aznárez, presidenta de RSF España, quien subrayó que tanto EL MUNDO como el resto de medios de la red EIC -el consorcio europeo que ha investigado los documentos del Football Leaks- «sólo hacían su trabajo periodístico: sacar a la luz unos hechos presuntamente delictivos y que interesan a los ciudadanos».

La Fape destacó, asimismo, que «los periodistas no sólo pueden difundir las noticias veraces de interés público, sino que, incluso, tienen la obligación de hacerlo«. Esta federación subrayó que la pretensión del juez Zamarriego de impedir la publicación de información, con amenazas de hasta cinco años de cárcel para el director de EL MUNDO, «es un ataque a la libertad de prensa» que «incumple el artículo 20 de la Constitución» y que «tiene pocos precedentes en la historia democrática».

También la FeSP se expresó de forma rotunda contra «un intento de censura previa» al tiempo que animó a la redacción de EL MUNDO a seguir «ejerciendo su derecho a informar con libertad en su condición de mediadores que son del derecho a la información de la ciudadanía».

Desde la PDLI se subrayó que la intención de Zamarriego constituye «un ataque muy grave a la libertad de prensa» y «un retroceso democrático inaceptable en un país de la UE en el año 2016″. El Grup de Periodistes Pi i Margall incidió en «que la pretensión del juez es un ataque contra la libertad de prensa e información, derechos necesarios para la buena salud de la democracia». En la misma línea, la FEP calificó la decisión del juez como «una violación flagrante de la libertad de prensa garantizada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos».