ADEPA planteó que la libertad de prensa requiere fortaleza institucional

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reclamó el respeto por el trabajo periodístico, alertó por las muestras de intolerancia contra la prensa y planteó que la sustentabilidad del periodismo “no es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico, que ha sido afectado por la pandemia a nivel global».

«En la Argentina, fragilidades preexistentes y decisiones recientes socavan aún más las bases en las que se apoya una prensa libre y dinámica”, señaló ADEPA en su informe semestral de Libertad de Prensa. El documento se aprobó por unanimidad, en la Asamblea anual de la entidad, que se llevó a cabo en forma virtual.

“Como sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República”. Así lo expresó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, durante la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.

«El respeto por el trabajo periodístico, reconociendo los derechos que implica y preservando las condiciones necesarias para su desenvolvimiento, es una premisa ineludible para resguardar el vigor y la amplitud del debate que nutre a toda democracia. Las muestras de intolerancia contra la prensa y la crítica encienden las primeras señales de alarma para el mantenimiento de los acuerdos básicos que sostienen nuestra convivencia», dijo Dessein.

«Es preocupante, entonces, el enrarecimiento del clima en el debate público en nuestro país. Amenazas, declaraciones destempladas y señalamientos estigmatizantes estimulan el conflicto y la autocensura», planteó el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Y mencionó la campaña de descalificación contra Luis Majul y las amenazas contra Diego Brancatelli, entre otras. Además, «se hicieron públicas operaciones de seguimiento ilegal en 2018, atribuidas a la anterior gestión de la AFI, contra los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon».

«En junio, la vicepresidenta de la Nación publicó un video en el que aparecían imágenes de periodistas superpuestas a un discurso que condenaba la ‘cobertura de los medios hegemónicos’ y denunciaba una ‘complicidad’ con el gobierno anterior», alertó el informe de ADEPA. También mencionó que «la abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial. representó un riesgo para la libertad que requiere el periodismo», cuya «justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios».

«Las agresiones verbales contra periodistas y medios por parte de funcionarios públicos y referentes de la política, además de los escraches e insultos que se multiplican en las redes, elevan el riesgo de que se produzcan ataques físicos como los que se registraron contra un móvil y cronistas del canal C5N en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en una manifestación el pasado 9 de julio», sostuvo el informe de ADEPA.

Dessein también destacó el debate que se está dando entre los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas, como Google y Facebook. «Países como Australia o los que integran la Unión Europea han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos».

«Los avances legislativos en distintos países, el reconocimiento de los derechos de la industria periodística y la profundidad que adquiere la discusión pública sobre estas cuestiones abren un horizonte indispensable para la sustentabilidad del periodismo», agregó Dessein.

Además el informe de la entidad representativa de los medios cuestionó duramente el DNU de telecomunicaciones que dictó Alberto Fernández. «Las regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos. Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre».

ADEPA reconoció especialmente el trabajo de los periodistas en plena pandemia de coronavirus. «Nuestra capacidad para preservar las libertades se pone a prueba en estos tiempos de pandemia. Atravesamos una coyuntura en la que la cooperación y los consensos necesarios para afrontar el desafío presuponen información adecuada y compartida. Por lo tanto, la tarea de difundirla, como la de chequearla, contextualizarla, jerarquizarla, interpretarla y discutirla, redoblan su valor estratégico. También se redoblan las dificultades para llevar a cabo ese trabajo. Los medios y los periodistas deben reflejar y analizar la crisis del Covid-19 mientras la sufren».

«En distintos puntos del país, hubo abusos contra la labor periodística en la implementación de protocolos sanitarios o excesos en el intento de resguardar la salud pública con improcedentes medidas de ciberpatrullaje o el impulso de normas contra la desinformación que atropellan la libertad de expresión», como por ejemplo en las provincias de Chaco, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, donde Dessein mencionó casos específicos.

El informe de ADEPA destacó que Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «afirmó que ‘los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler’. Concepto aberrante que repudiamos enfáticamente», sostuvo Dessein.

«Vivimos tiempos complejos que requieren cuidados especiales. Las tensiones, urgencias y expectativas se multiplican en nuestra sociedad. También crece el riesgo de deteriorar severamente el clima que requiere la discusión pública para afrontar sus retos y resolver sus problemas. Existe una responsabilidad primaria de los gobiernos, a nivel nacional y local, en la preservación de ese clima. Pero el resto de los sectores de cada comunidad deben contribuir al intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, evitando que los argumentos sean reemplazados por descalificaciones o las razones por violencia», concluyó el informe semestral de Libertad de Prensa e Información de ADEPA.