Qué se busca con el programa «Justicia 2020»

El presidente Mauricio Macri presentó el programa Justicia 2020 que, según definió, «incorpora el aspecto social en la administración del derecho e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito, accesibilidad, inclusión de las minorías y las poblaciones vulnerables para construir un enfoque inclusivo e integral»  

La iniciativa será coordinada por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Se desarrollará en los próximos cuatro años y se divide en siete ejes temáticos. Además, se conformarán comisiones (una por cada tópico), donde representantes de la sociedad civil, los poderes Judicial y Legislativo y los ciudadanos –que se inscriban a través de la página web del Ministerio de Justicia– podrán debatir y aportar proyectos e iniciativas.

Los ejes temáticos y objetivos que difundió el Gobierno son:

Institucional: garantiza la efectiva independencia de la Justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando la autarquía funcional y financiera del Poder Judicial. Refuerza la lucha contra la corrupción, impulsando políticas activas en materia de ética pública y transparencia en la gestión y la despolitización de los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados, incorporando procesos ágiles y transparentes.

Penal: promueve la investigación del narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales y el diseño de una política criminal eficaz y procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen la sanción de los infractores. Además, busca fortalecer el respeto de los requerimientos constitucionales y garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima, la igualdad entre las partes y la realización del juicio oral en lo inmediato.

Civil: impulsa un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia; proyectos de justicia vecinal o de baja cuantía a nivel federal y provincial y la utilización del arbitraje para cuestiones patrimoniales.

Acceso a la Justicia: para una cobertura territorial amplia y equilibrada de acceso a la justicia en todo el país a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), en coordinación con los gobiernos locales y el fortalecimiento de los centros de asistencia y asesoramiento jurídico gratuito locales como la adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables. Fomenta además, la aplicación eficaz de las salidas tempranas del proceso mediante conciliaciones, mediaciones y arbitrajes.

Derechos Humanos: garantiza la protección de los derechos de los pueblos originarios y grupos en situación de vulnerabilidad, y profundiza políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación, fomentando el diálogo y la cooperación internacional e intercultural y estableciendo mecanismos de coparticipación en materia de obligaciones internacionales.

Gestión: establece procesos judiciales más ágiles, priorizando para las causas simples un tratamiento más expeditivo que las diferencie de las más complejas. Impulsa el legajo digital, la gestión electrónica de casos y la comunicación electrónica.

Justicia y Comunidad: fortalecer la relación con la comunidad académica, los colegios profesionales y las instituciones de la sociedad civil, integrándolos en actores del proceso de reforma del sistema de justicia. En ese sentido, promueve reformas en los programas de estudio de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas y avanza en la implementación, modernización y actualización de los códigos de ética profesional y judicial.