La pobreza más invisible: miles de argentinos viven sin DNI

Hay decenas de miles de personas que no existen formalmente para el Estado argentino: no tienen DNI. Sus padres nunca los registraron al nacer y la falta de documentación les impide ejercer un sinfín de derechos: no pueden estudiar, tampoco recibir una atención médica regular, beneficiarse de ayudas sociales, tener un empleo en blanco ni alquilar una vivienda. Su invisibilidad acarrea una gran vulnerabilidad, de la que es difícil salir. Con la iniciativa «Indocumentadxs Cero», que se presenta el lunes en el Congreso argentino, un grupo de ONG pretende modificar la ley para garantizar a estas personas el derecho a la identidad.

Una encuesta realizada en 2011 concluyó que un 1.6% de los nacimientos de chicos con menos de 17 años, unos 168.000, no fueron registrados en su momento. La encuesta fue coordinada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp). Desde Iadepp, al frente de la iniciativa «Indocumentadxs Cero», creen que la cifra no se ha modificado sustancialmente y que existe un número similar de personas que han alcanzado la mayoría de edad sin estar inscritas en un registro civil. Si se suman los ciudadanos extranjeros residentes en el país, los datos se disparan. Pero la falta de estadísticas los deja a todos en la más absoluta oscuridad.

«Hace diez años que intento tener DNI», explica la joven. En ese tiempo ha deambulado con su madre por numerosas instituciones de la provincia de Buenos Aires, donde nació: registros civiles, Defensoría de la niñez, un médico forense, comisarías, juzgados… El mes pasado finalmente un juez reconoció su identidad, pero falta el último paso: recibir el ansiado documento, que si nada lo impide, llegará entre junio y julio.

Cuando nace un niño en Argentina, el trámi­te de su registro debe realizarse dentro de los 40 días ante el Registro Civil próximo al lu­gar del nacimiento. Pasados los 40 días, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres pueden reali­zarla hasta los 12 años de edad del niño, con dos testigos que acrediten el vínculo, en el Registro Civil correspondiente al distrito donde se produjo el naci­miento. Una vez vencido ese plazo, es un juez el que debe autorizar esta inscripción con la intervención de un aboga­do.

«¿Hay alguien más pobre que el que no tiene documento?», se pregunta Jorge Álvarez, presidente del Iadepp. «En 2009 el Gobierno argentino simplificó el procedimiento para la inscripción, permitiendo a los padres empezar el trámite de los recién nacidos gratis en los hospitales, pero mucha gente no está al tanto de estos cambios», explica Álvarez. Subraya que se trata de un problema «de pobreza estructural» que afecta a personas que «viven completamente fuera del sistema, con vidas que no se rigen para nada en la economía formal».

Ese es el caso de cinco de los siete hijos del marido fallecido de Nora Rodríguez, coordinadora de la cooperativa de reciclaje de residuos sólidos Bella Flor. Rodríguez hace 11 años que intenta que los hijos que adoptó «de corazón» obtengan un DNI. «Ser un NN (no nombre) es una desgracia. No entiendo por qué no les pueden dar una identidad», subraya, entre insultos, al explicar que los indocumentados no pueden beneficiarse de ayudas sociales ni recibir una educación completa que les permita tener más oportunidades. Huérfanos de madre desde 2002 y de padre desde 2012, los ocho hermanos corren una suerte desigual. «Los mayores, muchos están en la droga, pero los pequeños por suerte no. Los mandé al colegio y al menos pueden leer y escribir», dice esta enérgica mujer, que abandonó su hogar a los ocho años y se ha dedicado a cirujear -rebuscar en la basura- gran parte de su vida. Ahora, cuida también a los 70 empleados de la cooperativa, entre los que hay más de una decena de indocumentados.

Iadepp, la Fundación Microjusticia argentina y la Asociación El Trapito reclamarán el lunes en el Congreso un cambio legislativo que modifique el régimen de inscripción para indocumentados. Paralelamente, están en contacto con varios municipios del conurbano bonaerense, donde se concentran grandes bolsones de pobreza, para ayudar a resolver casos.

«Te sentís discriminado. No te creen si decís que no tenés documento o te preguntan: ¿no sos de acá?», asegura, con bronca, Alejandra Montiel, una joven nacida hace 21 años en la localidad de Ciudadela, en la periferia de Buenos Aires. A lo largo de su infancia, ir al médico o a la escuela fueron odiseas para las que necesitó la ayuda de personas que hicieran la vista gorda ante la ley. Gracias a ellas, pudo ir a controles médicos y cursar estudios secundarios, pero el futuro laboral con el que sueña es aún inalcanzable: quiere ir a la Universidad para ser maestra de educación infantil. Actividades habituales para muchos adolescentes, como salir a bailar o ir de viaje, también le están vetadas porque requieren presentar un documento. La excepción fue el viaje de licenciados a la localidad costera de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, gracias a que un profesor la llevó bajo su responsabilidad.

Montiel ha trabajado en tareas de limpieza, de cuidado de niños y ahora está empleada en negro en una fábrica. Hace cuatro años que da vueltas de un lado para el otro – «he estado en más de diez lugares diferentes», se lamenta- para conseguir su DNI. Admite que ha llorado, se ha enojado y ha estado cerca de abandonar el objetivo, pero que su novio siempre la convence para seguir adelante. «Haré una fiesta enorme cuando tenga el documento», asegura, con una sonrisa de oreja a oreja