El siniestro y los siniestros de Once

Si es evitable no es accidente.

Resulta una obviedad pero acaso haya sido la primera batalla que entablaron los familiares de la víctimas de Once.

Accidente era el mejor rótulo para encubrir la responsabilidad de funcionarios, empresarios y sindicalistas en la desidia del sistema ferroviario.

Pero la muerte de 51 personas entre hierros retorcidos no fue producto del azar ni de un designio de la providencia sino de un acto criminal que incluye y trasciende al maquinista que no activó los frenos.

Por el grado de conmoción que produjo se acuñó rápidamente la palabra tragedia pero el término que mejor lo describe es el de siniestro.

La tragedia reviste de una película impersonal a un hecho que tuvo responsables con nombre y apellido. Se la suele asociar a la desgracia, en la que la suerte, o mejor dicho la mala suerte, adquiere un papel protagónico.

El siniestro, por el contrario, se configura por una serie de acciones -u omisiones- aviesas y malintencionadas,  que indefectiblemente producen un daño.

A menudo, quienes no se hacen cargo de sus errores, depositan en el afuera lo que es producto de su propia gestión.

Eso hizo Juan Pablo Schiavi al hablar de «accidente» y considerar fruto de vaya a saber qué tómbola semejante número de muertos.

«Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor», se lamentó el entonces secretario de Transporte como si fuera víctima de una conjura en vez del responsable.

Su antecesor, Ricardo Jaime, se mostró aún más sórdido pretendiendo desconectar las dádivas que recibió de empresarios ferroviarios, a los que debió controlar entre 2003 y 2009, y la falta de inversión y mantenimiento de la línea Sarmiento.

¿Si los hermanos Cirigliano no tuvieron responsabilidad alguna por qué se les rescindió la concesión ya no sólo del ramal en cuestión sino también del Mitre?

El otro vértice de este Triángulo de las Bermudas, por donde desapareció el dinero destinado a mejorar la infraestructura y la prestación del servicio, fue el sindicalismo.

Muchos dirigentes se volvieron cómplices participando de concesiones digitadas o promoviendo con avidez la tercerización de tareas. En ambos casos, con el único propósito de quedarse con alguna tajada del esquema de subsidios.

Es obvio que si todo hubiese andado sobre rieles hasta el fatídico 22 de febrero de 2012, Florencio Randazzo no habría tenido que anunciar una revolución ferroviaria, con compras masivas de material rodante a China y quitas de prebendas a empresarios y gremialistas.

El funcionario tomó las riendas de una secretaría que rápidamente fue elevada al rango de ministerio y se valió de informes críticos hasta entonces ignorados, como los de la Auditoría General de la Nación.

Con este giro el gobierno terminó admitiendo tácitamente que la casualidad poco y nada tuvo que ver con la colisión del Chapa 16.

Sin la coartada del accidente, las responsabilidades se depositaron inicialmente en Marcos Córdoba, por quien dos de los grupos querellantes pidieron 22 años de prisión.

Sin embargo, el tercer grupo entendió que ese maquinista también era víctima de las malas administraciones y la proclividad a enriquecerse ilícitamente de Cirigliano, Schiavi y Jaime, entre otros.

Por eso exculparon a Córdoba y, en cambio, pidieron 18 años de prisión para el empresario y 15 años para los ex funcionarios, a quienes consideraron los personajes más siniestros del siniestro.