Al respecto, uno de los impulsores de la norma, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, destacó el «simbolismo de política redistributiva» de la norma, debido a que «redistribuir significa lograr que los que tienen más, pongan en un lugar destinado a los que tienen menos».

«Están los que tienen más, y los que necesitan más, y eso es lo que tiene que estar presente en las políticas que se diseñan», apuntó el legislador en diálogo con AM 990.
La ley establecida para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27.605/2020) fue reglamentada a través del Decreto 42/2021, que consta de 12 artículos y tiene la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Heller recordó que «casi el 99,98% no pagará el aporte» y que por el contrario «el impulso que dará ese dinero será en beneficio de ellos».

«Es decir, hay dos listas: la de los aportantes, que es del 0,02% de la población; y la de no aportantes, que serán los beneficiarios, un 99,98% del país», enumeró.

Heller también recordó que en el Foro Económico de Davos -del que participó ayer el presidente Alberto Fernández- fue destacada la ley «como un ejemplo del caso argentino».

«Eso figura en el documento de la Oxfam (la ONG británica) que se titula ´La pandemia de la desigualdad«´, destacó.

En tanto, sostuvo que la reglamentación «como en todos los casos que se reglamentan las normas, da algunas precisiones». Citó como ejemplo que «cuando la ley menciona la repatriación, menciona 60 días, pero no está aclarado si son hábiles o corridos, cuestión que la reglamentación precisa», junto con otros aspectos.

Consultado sobre cuándo ingresará el dinero del aporte extraordinario, Heller respondió que » tiene que haber una fecha de presentación para las declaraciones juradas, para pagar», lo que forma parte de «una serie de cuestiones que irán sucediéndose en el primer semestre del 2021».

Además, Heller resaltó que la norma está en vigor y que «esto se hace habida cuenta de que hay anuncios de estudios de abogados que ofrecen servicios para evitar el pago», y lamentó que «así funcionen» estas cuestiones.

La ley 27.605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio) .

La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.

Además, la ley determina cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares.