Polémica en España tras la aprobación de su propia versión de “Nodio”

Un mes después de que en Argentina se presentara Nodio, el observatorio del gobierno que controlará las noticias de los medios de comunicación para identificar y desarticular las que considere “maliciosas”, el Consejo de Seguridad Nacional de España aprobó el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación que concede al gobierno la capacidad de decidir qué es desinformación y qué no.

De inmediato, la oposición a la coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos -es decir, el Partido Popular y Ciudadanos- acusó a la gestión de Pedro Sánchez de estar creando un Ministerio de la Verdad como el inventado por George Orwell a mediados del siglo pasado para su novela 1984.

Pero el procedimiento español fue respaldado por la Comisión Europea: “El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”, dijo Johannes Bahrke, portavoz de la Comisión, desde Bruselas.

“¿Es decir que todo lo que diga lo contrario a lo que dice el gobierno es desinformación? Esto es lo peligroso”, afirma a Clarín Borja Adsuara Varela, profesor, abogado y experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital.

Adsuara, que es también consultor y profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva, en Madrid, advierte sobre los límites difusos entre proteger y controlar de iniciativas como la española y la argentina que pueden atentar contra derechos fundamentales y hasta ser inconstitucionales.

“Hay que distinguir algunos conceptos. La peor desinformación es informar a medias -dice Adsuara-. Vamos a partir de lo que es verdad: lo que está admitido en la Comisión Europea, desde 2018, que es que efectivamente hay potencias como Rusia, China, Irán, que se dedican a intoxicar. Algunos hablan de infoxicación. Rusia siempre ha querido una Europa débil. Se ha visto que desde granjas, en Rusia, se han propuesto dirigir determinadas noticias falsas para desestabilizar. Se ha visto con el procés independentista catalán, durante el proceso del Brexit, en elecciones en Estados Unidos.”

Y agrega: “Contra eso, en 2018, la Comisión Europea decidió un plan de acción, tomar medidas e intentar evitar los efectos perniciosos de esa desinformación en períodos electorales. Ese era el objeto. En España, el primer Procedimiento se creó en 2018 durante el gobierno del PP, para prevenir campañas de desinformación en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado -recuerda Adsuara-. Este año, lo que se dijo fue: ‘Actualizamos el procedimiento de 2019 que fue para las elecciones y ampliamos el foco’.

-¿Qué significa “ampliar el foco”?

-Que ahora ya no se habla de “campaña de desinformación”, sino que se habla de “desinformación” a secas. Admitimos que sea el gobierno, porque al fin es una cuestión de defensa nacional, el que determine e identifique cuando nos está atacando una potencia, da lo mismo que sea por aire, tierra, mar o por internet. Pero cuando usted va a determinar si ciudadanos nacionales están publicando desinformación sobre cualquier tema, nos metemos en una cuestión de libertad de expresión, de derecho a la información. No es lo mismo una campaña de desinformación que una fake news, una noticia falsa aislada.

-¿Por qué?

-Porque bajo el mismo nombre podemos incluir cosas muy distintas. Podrá ser una campaña de desinformación rusa contra un proceso electoral o puede ser un bulo (noticia falsa) antivacunas. Un bulo no es un delito. Depende de lo que persiga, de su intención y el resultado que cause. Lo importante en el Código Penal es el resultado, el bien protegido dañado. Pero aquí hay dos mundos y se han mezclado. Da lo mismo lo que diga el Código Penal porque no lo vas a poder aplicar a una granja de fake news en Rusia.

-¿Se puede decir que también es desinformación aquella que el gobierno no da como, por ejemplo, la cifra de fallecidos por coronavirus en residencias para mayores en España o cierta cantidad de muertos que no se registraron en su momento y se dan a conocer tiempo después?

-Hay muchos tipos de desinformación. Informar viene de in-formare que viene de “dar forma”. Desinformar sería que, una vez que le has dado forma a algo, le quitas la forma. Pero metemos en el mismo saco a la ocultación, que no es información ni tampoco desinformación. Contra la ocultación está la transparencia. Hay otra cosa: la Constitución (española) habla del derecho a la información veraz. La veracidad no es lo mismo que la verdad. Y lo contrario de información veraz no es información falsa sino información falaz.

-¿Qué diferencia hay entre falso y falaz?

-Que la falacia es un intento de engañar. Puedes ser veraz y que tu información sea falsa porque te has equivocado. Para eso está el derecho de rectificación. Y luego está la información intencionadamente falsa o, como dice la Constitución, “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Se puede demostrar que las vacunas han evitado millones de muertes, pero el que difunde mensajes antivacunas, ¿está intentando engañar? No, porque lo hace porque lo cree. ¿Y qué hacemos con lo que se publica sobre las religiones? ¿Son noticias falsas porque no se han comprobado científicamente? Este tema nos lleva a cuestiones muy complicadas.

-¿Qué habría que hacer entonces?

-Eliminar sólo aquellas cosas que se puedan demostrar que son falaces y que se hacen con intención de engañar y perjudicar. Sobre lo demás, no podemos analizar la veracidad de todas las noticias que se publican. También se puede analizar a aquéllas que se viralizaron con redes artificiales de bots. Hay que presionar a las redes sociales para que desmantelen todas las redes artificiales de bots que se dedican a viralizar un contenido que es falso. Hay que proteger la veracidad por un lado, algo que sólo pueden hacer los jueces, y defender el pluralismo informativo y de opinión. Esto sí que lo puede defender el gobierno.

-¿De qué modo?

-No censurado sino eliminado las redes de bots porque los bots no tienen derechos fundamentales de información ni de expresión. No me preocupa que haya una fake news suelta, aislada, pues porque al lado habrá otra gente diciendo que es una tontería. Lo que me preocupa es cuando se difunde viralmente porque eso sí que perturba el pluralismo informativo.

-¿Cuál es el límite entre la seguridad de la población y el control de los ciudadanos?

-Son limites difusos. Hay que ir caso por caso. Cuando empezó la pandemia, hubo varios bulos que criticaban al gobierno español por su mala gestión. Se ofendieron muchísimo y llegaron a poner querellas por insultos a las instituciones del gobierno. El delito de bulo no existe. La Fiscalía dijo que no, que aunque hubiera bulos, la crítica al gobierno es un derecho legitimo aunque fuera una crítica injusta.

-¿Es casualidad que iniciativas como la argentina y la española surjan en este momento de pandemia? ¿La pandemia es la excusa perfecta para intentar controlar a los medios de comunicación?

-La pandemia es una ocasión. ¿Por qué funcionan los bulos y las teorías conspiranoicas? Porque son explicaciones simples de una realidad muy compleja. Casi por lo mismo que funcionaba la mitología griega o las religiones. El Estado de derecho lo único que puede hacer es perseguir delitos. Y contra los excesos de la libertad de expresión, en vez de censura, hay que proporcionar más libertad de expresión para contrarrestar las mentiras y las tonterías.

-Procedimientos como el que acaba de presentar España ¿pueden ser inconstitucionales?

-No me cabe la menor duda. Pero todavía no se ha creado el verdadero procedimiento. No han presentado una ley que tipifique las sanciones ni el régimen sancionador. Pero estoy preocupado. Para mí es marcar el camino para otras cosas. La única forma de parar una futura ley es pararlo ahora.

Madrid. Corresponsal