«La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género», consigna el artículo 5º del decreto.
El texto aclara que el «apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género» y que es compatible con:
a. Asignación Universal por hijo o hija.
b. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
c. Asignación por hijo o hija con discapacidad.
d. Monotributo Social.
e. Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
f. Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
En sentido contrario, informa que la prestación económica resulta incompatible con el goce por parte de la persona postulante de:
a. Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo; y régimen de autónomos, excepto la compatibilidad establecida en el ARTÍCULO 6° incisos d) y f) del presente.
b. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado nacional.
c. Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Prestación por desempleo.
Los organismos estatales encargados de vehiculizar todo lo referido al programa se llamarán Unidades de Ingreso y Acompañamiento y estarán en las provincias y los municipios que se suscriban al convenio. Estas unidades serán las encargadas de «recibir y certificar la situación de riesgo por violencia por motivos de género, de elevar las solicitudes de inscripción al referido Ministerio y de dar acompañamiento y seguimiento a las personas que ingresen al Programa, en consonancia con los lineamientos y procedimientos que imparta cada Jurisdicción», explica el Decreto.
La cartera liderada por Elizabeth Gómez Alcorta se encargará además de un aspecto fundamental, la capacitación al personal que atienda en las Unidades de Acompañamiento. Lo hará «con el objetivo de reforzar sus herramientas y metodología de abordaje para que puedan garantizar el enfoque de género en el acompañamiento y el fortalecimiento de las personas receptoras del apoyo económico».
El texto plantea además que durante el plazo en el que las personas en riesgo reciban el apoyo económico, «el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con las citadas Jurisdicciones que hayan suscripto los respectivos Convenios, brindarán acompañamiento promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona«.
Atención para personas en situación de violencia machista
Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o acercate al Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) más cercano. El listado completo, haciendo click acá.
