Un DNU que atenta contra las inversiones

Hasta donde el barbijo permite ver, el reacomodamiento de la deuda, pero por sobre todo la ratificación de que serán honrados los compromisos internacionales, puede dejar al país posicionado para recibir financiamiento de los organismos de crédito, dirigido a promover inversiones vinculadas a la sustentabilidad y a integrar nuestra economía con el mundo.

El distanciamiento social del que son portadoras las cuarentenas modificó hábitos de comunicación, de consumo y de organización del trabajo, la educación y la salud, entre otros órdenes, que terminó acelerando en por lo menos una década el ritmo que traía la transformación digital en este siglo XXI.

De repente, en los hogares, las que venían siendo consideradas anacrónicas PC y las casi olvidadas notebooks, que habían sucumbido ante el arrollador auge de los smartphones, resurgieron como el Ave Fénix, levantando las acciones de los services en computación y los precios del perimido renglón electrónico.

El ciberespacio se saturó de webinar, cursos online, clases virtuales, entrenamientos deportivos compartidos con plataformas de meeting, teleconsultas médicas, teletrabajo, e-commerce, los softwares se recalentaron y hubo, en consecuencia, embotellamientos en las redes, que dejaron en descubierto la insuficiente e inequitativa distribución del acceso de la ciudadanía a las autopistas informáticas.

Otra vez las telecomunicaciones mostraron la endeblez de inversiones claramente atrasadas en relación a los países vecinos más activos, como Brasil y Chile, más Perú y Colombia que les vienen descontando terreno.

Casi con el advenimiento de la democracia, el Estado dejó de ser protagonista excluyente en la evolución del sector de las telecomunicaciones, pero tuvo idas y venidas en los procesos regulatorios que no permitieron que se asentaran reglas de juego estables, tanto para los capitales extranjeros como para los nacionales.

Hoy, además de la sobredemanda determinada por las cuarentenas, la exigencia venía por el lado de una feroz competencia de precios y prestaciones que se ha venido desatando entre las operadoras privadas para captar usuarios, a los que se tientan con múltiples ofertas de paquetes de telefonía, televisión por cable e internet.

Afuera pide pista también la transformación digital que empezó a presionar sobre la infraestructura de las comunicaciones, con tecnologías de última generación, como Inteligencia Artificial, data analytics, blockchain e Internet de las Cosas, que migran a la nube.

Antes de declararse la pandemia, en 2019, los servicios de telecomunicaciones ya traían una inercia creciente que les había hecho aumentar las ventas un 63,9%, por encima del nivel general de inflación, con un incremento del 40% en la facturación, comportamiento que activó planes de inversión de los grandes operadores en infraestructura, sistemas y productos a fin de mejorar la conectividad.

Es en este contexto, como sucedió con el caso Vicentín, que aparece el DNU sobre Telecomunicaciones que interfiere en la libre competencia de las operadoras y en el proceso de inversiones. Los bancos internacionales comprometidos en asistir los proyectos dan un paso al costado y dejan a los prestadores desguarnecidos para poder estar a tono con el explosivo ritmo de crecimiento que tuvo Internet.

De la misma manera, la banca local, que viene impulsando las inversiones tecnológicas de las compañías que operan en el mercado interno, observa ahora con inquietud el impacto de la medida adoptada por el Estado Nacional sobre un sector que requiere permanente financiamiento para no perder el tren de la modernidad.