Los barrios pobres sin agua potable: «Larreta decidió no cumplir la orden judicial»

Este viernes, organizaciones sociales y dirigentes de distintos sectores denunciaron al jefe comunal por lo que aseguran es el abandono de los más pobres.

«Pedimos que la política rompa el pacto de silencio»

Durante un acto realizado poco antes del mediodía de este viernes frente a la sede del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, se intimó a las autoridades a respetar la orden de la Justicia para que la Ciudad garantice el acceso al agua potable, medida que Rodríguez Larreta y la ministra María Migliore insisten en no acatar.

Al respecto, María Eva Koutsovitis, ingeniera y referenta del Frente Salvador Herrera de CTA Capital, señaló que el gobierno comunal «quiere convencernos de que está urbanizando los barrios populares», pero a la vez se invirtieron «miles de millones de pesos que no se conectan a nada» a través de obras «que se hacen mal, que vuelven a hacerse, que se abandonan».

«Al Barrio Padre Mugica no llega el agua», resumió y añadió que al respecto «el gobierno ensayó miles de evasivas: se declaró incompetente para garantizar el agua potable hasta que finalmente la Justicia nos dio la razón».

«En un fallo histórico la Justicia le ordenó al gobierno de la Ciudad que garantice el agua potable en todos los barrios. Le dio cinco días de plazo, ese plazo se cumplió y el gobierno decidió no cumplir la sentencia judicial», remarcó y puntualizó que el desastre alcanza al Barrio Padre Mugica, el barrio 21, barrio 31 y el 1-11-14, entre otros.

«Más allá de los tecnicismos jurídicos queremos garantizar la vida de miles de porteñas y porteños para que cuenten con agua potable», finalizó.

En el acto, la legisladora porteña Laura Velazco, del Frente de Todos, afirmó que su espacio presentó «un protocolo en los barrios populares» para que «las personas en situación de calle tengan un lugar para estar y que esos centros integrales tengan profesionales de la salud, buena alimentación y recursos de prevención para higiene».

Al respecto apuntó que ello servirá para impedir «lo que pasó en el parador Retiro donde se contagió de coronavirus el 90 por ciento de las personas».

Además, destacó que Rodríguez Larreta gobierna con «un presupuesto que tiene 30 por ciento más de recursos que el de la ciudad de Madrid».

Por su parte, Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, remarcó que «incumplir la orden judicial es un delito más en este contexto de coronavirus y dengue».

«La responsabilidad de que los habitantes se enfermen o mueran es una responsabilidad directa de los funcionarios», dijo y lamentó que «se pasen la pelota entre Aysa y el gobierno porteño» sobre la situación en las villas.

En tanto, Marina Joski, del Movimiento Dignidad y la Utep, destacó que «las organizaciones de nuestro pueblo están siempre un paso adelante de las políticas públicas». Y agregó: «Tenemos la convicción de que no hay que flexibilizar este aislamiento social y obligatorio, tenemos que duplicar la política pública en los barrios populares».

Además, remarcó que «donde hay circulación comunitaria tiene que haber dispositivos de cercanías. Y agua, luz. Ayer en la 1-11-14 y en la villa 20 no había agua ni luz. Necesitamos servicios básicos necesarios».

Asimismo, Pablo Spataro, secretario General de CTA Capital, pidió «más Estado y más testeos». A esto se sumó el legislador Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, quien disparó que la villa 31 «tiene un Mc Donalds pero no tiene agua».

«Hace falta un protocolo para combatir el coronavirus en las villas. Tiene que haber agua en cantidad suficiente para todas las familias. Enviamos un proyecto de ley para hacer testeos masivos. Estamos en manos de gente irresponsable que le importa un pito la salud. Pedimos una sesión especial para discutir lo que sucede con el coronavirus en la Ciudad», argumentó.